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Son muchas las causas del descontrol de las incapacidades temporales. Quizá la más importante sería la baja de corta duración. Así lo entiende Guillermo Rodríguez Iniesta, magistrado del TSJ de Murcia.

El control y abordaje de la incapacidad temporal (IT) siempre ha sido un aspecto especialmente controvertido en el ámbito sanitario. Según Guillermo Rodríguez Iniesta, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia y magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia, la realidad es que “de momento, estamos ante una prestación de la Seguridad Social descontrolada y descoordinada”, aunque eso no es achacable a que “no haya intentos de remediar esta situación”.

Rodríguez Iniesta, que ha participado en el I Congreso de Médicos Inspectores de la Administración de la Seguridad Social, organizado por la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social en colaboración con el INSS, afirma que “el problema del control de las bajas médicas por IT respecto al facultativo de atención primaria no es el conocimiento de su régimen jurídico o de la existencia o no de medios de controles”.
En su opinión, “uno de los problemas es la dificultad real de emitir un diagnóstico al momento y evitar los denominados tiempos muertos de no diagnóstico ni terapéutico, pero en los que se ve en la necesidad, por cautela, de emitir una baja quizás innecesaria”.

Situaciones complicadas
A modo de ejemplo, Rodríguez Iniesta ha recordado el típico circuito de “consulta, baja, exploraciones complementarias, interconsulta especialista, etc. hasta llegar a resultados y confirmación o no de la idoneidad de la baja”. En este escenario “se generan múltiples bajas de corta duración, que son la verdadera sangría de esta prestación y que la hacen incontrolable”.

Otras situaciones complicadas son “el tratamiento de las denominadas recaídas y cuándo estamos ante ellas; o si la calificación de los procesos de IT son imputables a patologías profesionales o comunes, con las importantes consecuencias que ello conlleva”. Desde el punto de vista del régimen jurídico, “no es necesaria una reforma, sino más bien refundir y armonizar”.

Fuente: diariomedico.com

Como bien han dicho en numerosas ocasiones patronal y sindicatos, no todo fueron desacuerdos en la mesa que discutió la reforma de la negociación colectiva. Entre los puntos que sí llegaron a consensuarse están una reforma de las mutuas, que incluía una posible rebaja de cotizaciones por contingencias profesionales y un mayor control del absentismo laboral. (más…)

21 al 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Buenos Aires – Argentina

Información

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha finalizado las obras de reforma del Instituto de Medicina Legal (IML) y de la Clínica Médico Forense de Sevilla, que, con un presupuesto de 183.000 euros, ha ejecutado la empresa Sanrocon S.L.., cumpliendo los plazos previstos.

Una vez ejecutado el proyecto, la secretaría, la dirección y la Clínica Médico Forense del IML comenzarán a trasladarse del sótano a la primera planta del edificio de los juzgados del Prado de Sebastián a finales del presente mes de marzo, un proceso que concluirá en el mes de abril, según ha informado la Junta en una nota. (más…)

Confirmada Oficialmente la Dudosa Campaña de “Altas por Incomparecencia” del INSS en Madrid.

Se han comenzado a recibir Oficios del INSS comunicando que se ha resuelto emitir alta por incomparecencia de la prestación de Incapacidad Temporal, a trabajadores que habiendo sido citados a reconocimiento médico ante los servicios médicos del INSS no han comparecido ni justificado el motivo de dicha incomparecencia. Al parecer, además, el INSS notifica esta decisión tanto al trabajador afectado como a la empresa del mismo.

Parece que las presuntas “Altas por Incomparecencia” no tendrían la forma de parte de alta expedido por un Inspector Médico del INSS, sino que se trataría de Resoluciones Administrativas no previstas en la regulación legal al amparo de la que se pretenden hacer: la Disposición Adicional 52.ª del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según modificación introducida por la Ley 35/2010.

De acuerdo con esta disposición no se contempla ninguna forma de delegación por la que las competencias reconocidas a los “Inspectores Médicos adscritos a dichas entidades” (INSS/ISM) permitan emitir Resoluciones al Director Provincial del INSS de “Alta por Incomparecencia”, en su nombre.

La AISSMa piensa que la actitud más razonable a seguir tendría dos partes:

* En primer lugar, puesto que el proceso se supone que está siendo controlado por el Médico de Familia, que mantiene la IT con la entrega semanal de los respectivos partes de confirmación, debería continuarse igual, haciendo caso omiso de la existencia de una dudosa e incompetente Resolución Administrativa del INSS de “Alta por Incomparecencia”.

* Y, en segundo lugar, cuando el paciente tuviera conocimiento de la presunta “Alta por Incomparecencia” debería acudir al CAISS (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social) correspondiente a presentar una reclamación contra dicha alta, en la que se exigiera la identificación del nombre y número de colegiado del facultativo que hubiera expedido aquélla (caso de existir tal parte) y la reconsideración de la misma, ante la evidencia de mantenerse el proceso de IT por su Médico de Familia.

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Papel de la Medicina del Trabajo en la gestión de la IT.

Son los médicos de trabajo los que mejor conocen la relación del trabajador con su puesto y actividad laboral así como las influencias de éste en su salud.

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El juzgado de la social número 2 de Bilbao reconoce la ausencia de medidas de seguridad en las instalaciones.

El juzgado de la social número 2 de Bilbao ha condenado a Altos Hornos de Vizcaya a pagar una indemnización de 123.000 euros a la viuda e hijos de un trabajador que falleció víctima del amianto, “por ausencia de medidas de seguridad en las instalaciones”.

Desde el sindicato CC.OO han denunciado, que, pese a ser conocido y legislado el riesgo de enfermedad profesional, la empresa “no informó a los trabajadores del riesgo, ni realizó mediciones ambientales, ni adoptó medidas de prevención o planes de vigilancia sanitaria”.

La sentencia desestima la alegación de la empresa de la excepción de prescripción y caducidad de la acción. El sindicato ha manifestado que el fallo establece claramente que en este caso concurren los tres elementos básicos para que concurra la responsabilidad empresarial como son “daño evidente (fallecimiento), incumplimiento en materia de salud laboral y relación de causalidad entre ambos”.

Por otro lado, Navantia tendrá que pagar 206.500 euros a la familia de un trabajador de los astilleros públicos de Ferrol, fallecido hace tres años a causa del cáncer que le provocó la continua inhalación de fibras de amianto.

La sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol responsabiliza a la compañía naval por la muerte del trabajador, ya que considera probado que contrajo la enfermedad en su puesto de trabajo, a raíz de su prolongada exposición a este producto cancerígeno durante décadas sin protección alguna.

Más del 50 por ciento de las pacientes con artritis reumatoide sufre incapacidad laboral, una enfermedad que afecta a alrededor de 200.000 mujeres en España (dos de cada tres pacientes), de las cuales la mitad no puede trabajar a causa de esta patología discapacitante o tienen un empleo de peor cualificación.

Esto conlleva un “alto impacto psicológico”, ya que, según el estudio CaliRA, promovido por UCB Pharma en el marco de su programa ‘CompARte’, el 43 por ciento de las mujeres tiene un bajo estado de ánimo y entorno al 7 por ciento padece ansiedad o depresión.

En este sentido, la compañía biofarmacéutica asegura que ‘Cimzia’ (Certolizumab pegol) es el “primer y único” tratamiento de la artritis reumatoide que ha demostrado inhibir la progresión del daño estructural articular ya en la semana 16, actuando de forma rápida sobre los síntomas y disminuyendo el impacto psicológico de la enfermedad y el número de bajas laborales.

“Este fármaco permite que los pacientes estén más activos, con menos dolor, inflamación y cansancio y que su estado físico sea mejor, lo que disminuye el número de bajas laborales, así como el impacto psicológico y social de la enfermedad, tanto para la paciente, como para su familia”, afirma el jefe de Servicio de Reumatología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Federico Navarro.

En concreto, la compañía explica que ‘Cimzia’ mejora la productividad laboral ganando 42 días de trabajo en el primer año de tratamiento. También mejora la productividad doméstica y el tiempo de ocio, lo que deriva directamente en un aumento de la calidad de vida.

Igualmente, la máxima respuesta clínica se alcanza en la mayoría de los pacientes en las doce primeras semanas de tratamiento, pudiendo predecir la respuesta a largo plazo.

“Entre el 25 y el 30 por ciento de las mujeres con artritis reumatoide en edad activa tiene algún episodio de incapacidad laboral transitoria al año a causa de la enfermedad; asimismo, ocho años después del diagnóstico, el 50 por ciento de las pacientes sufre incapacidad laboral permanente y a los diez años, el porcentaje asciende hasta el 80 por ciento”, afirma este reumatólogo.

“Se trata de una enfermedad devastadora que, además, se sigue diagnosticando con retraso, ya que la organización actual no es eficiente en la identificación precoz”, apunta Navarro.

“Por tanto”, prosigue, “la artritis reumatoide tiene un alto impacto en la calidad de vida de la mujer, sobre todo cuando ésta tiene que abordar varios frentes, fuera de casa como mujer trabajadora, dentro del hogar en las tareas domésticas y en su papel de madre”.

Así, las pacientes, en muchas fases de la enfermedad, necesitarán ayuda de otras personas para hacer cosas tan sencillas como asearse, cortar alimentos, levantarse, salir de compras o conducir, según advierte el experto.

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ

En esta dirección, el especialista concluye que, para evitar la discapacidad que provoca la artritis reumatoide, es fundamental lograr un diagnóstico y tratamiento lo antes posible.

“Demoras de seis meses en el inicio de un tratamiento adecuado tienen consecuencias de por vida, de ahí la importancia que están adquiriendo las Unidades de Diagnóstico Precoz como recurso esencial en la asistencia de estos pacientes”, concluye.

Fuente: rrhhdigital.com

Algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno socialista para intentar evitar que las cuentas de la Seguridad Social entren en déficit, están chocando con las reticencias de algunos colectivos, como el caso de los inspectores médicos, que se niegan a claudicar de sus principios morales y éticos, a cambio de dinero.

Una de estas medidas consiste en incentivar económicamente las altas que los médicos dan entre sus pacientes, con el objetivo de evitar que la Seguridad Social tenga que gastarse una parte de sus reservas en hacer frente a estas bajas. Cuando las bajas de los trabajadores se prolongan en el tiempo, una parte de su sueldo lo financia la empresa a la que pertenece, pero otra tiene que salir de los fondos del Instituto de la Seguridad Social, cada vez más exiguos desde que comenzó la crisis económica.

El Ejecutivo implantó en 2008 un sistema por el que paga unos incentivos, que son una media por médico de 1.200 euros al semestre y 200 euros al mes, si consiguen convertir en altas el 15 por ciento de los pacientes en baja que diagnostican, según han asegurado a ABC fuentes de este colectivo. Cuantas más altas firmen más dinero ahorran a las arcas de la Seguridad Social, que ahora sigue manteniendo un ligero superávit, gracias a los intereses del fondo de reservas.

Pero el sentido ético y la profesionalidad de muchos de los médicos de la Seguridad Social ha chocado con los deseos de la Administración de intentar ahorrar de todas las partidas a las que les pueda aplicar un recorte. De ese quince por ciento que se le ha asignado a cada médico, durante el primer semestre del año sólo se consiguió llegar al 4, 36, repitiéndose un porcentaje similar en el segundo semestre del año anterior, según estas mismas fuentes médicas.

La conclusión es clara: los médicos prefieren perder dinero antes que forzar el alta a sus pacientes. Las consecuencias de «dar altas mal diagnosticadas puede ser aún peor», según señala el colectivo, ya que la responsabilidad de cualquier recaída o empeoramiento de la enfermedad que padecen los pacientes, afecta directamente a los médicos que las han firmado.

Dimisiones

El desarrollo de la implantación de este sistema de incentivos está creando un gran malestar en el colectivo de los Inspectores Médicos de la Seguridad Social, responsables de gestionar las altas. Éstos aseguran que este sistema está «mal diseñado» porque el Gobierno les pone «entre la espada y la pared, ya que por cumplir nuestro trabajo no vamos a recibir los incentivos».

Este malestar ha derivado incluso en algunas dimisiones, como ha sido el caso de un subdirector, que no ha querido gestionar este «sistema perverso de incentivos». Ha preferido optar a una plaza de menor categoría laboral y económica, antes que ocupar un cargo de dirección y verse obligado a gestionarlo.

Fuente: abc.es

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