Coto al fraude: El Gobierno estrechará el control sobre las bajas de corta duración
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado hoy que se aumentará el control de las bajas laborales de corta duración, sobre todo las inferiores a 15 días.
Esta medida beneficiará a las empresas, que son las que costean estas bajas, ya que la Seguridad Social se hace cargo a partir de las dos semanas de incapacidad. La ministra ha explicado que se aumentará la coordinación con los servicios públicos de salud, que son competencia de las comunidades autónomas, con el fin de tener acceso informático a las historias clínicas y se pedirá a los médicos que controlen los procesos de baja inferiores a 30 días, que son los que no llegan a investigar los inspectores de la Seguridad Social.
En su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, la ministra añadió que se pretende detectar a los médicos que concedan un número de bajas superior a la media y a los trabajadores que tengan una incidencia de bajas igualmente por encima de la media. Los nuevos mecanismos de control y seguimiento de las prestaciones por incapacidad temporal, conocidas como bajas, se regularán en un próximo proyecto de ley de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Junto con este control de las bajas, la ministra de Empleo anunció también que en los próximos meses se aprobará flexibilizar la jubilación para compatibilizar pensión y salariocon el objetivo de prolongar la vida laboral. En su intervención, la ministra desgranó varios planes del Ministerio, pero inconcretos en fechas y contenidos. Unos planes que no parecen ir en la misma línea que los del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. La ministra de Empleo descartó que se puedan bajar las cuotas a la Seguridad Social mientras no se “consolide la recuperación económica”. Fátima Báñez leyó textualmente lo que pone el Programa de Reformas que se envió a Bruselas la semana pasada junto con el Programa de Estabilidad. Precisamente fue tras aprobarse ambos programas en el Consejo de Ministros, cuando Guindos anticipó que el próximo año subiría la imposición indirecta y bajarían las cotizaciones sociales. Fue una intervención casi humorística por la resistencia del ministro a decir claramente que subiría el IVA. Pero la previsión del Programa de Estabilidad es que en 2013 el PIB prácticamente esté estancado, con un crecimiento de sólo el 0,2%. Difícilmente se puede entender eso como una recuperación consolidada.
El portavoz de ICV, Joan Coscubiela, reclamó a la titular de Empleo que garantizara que “no van a meter la mano en la caja de la Seguridad Social”. El diputado recalcó que una rebaja de un punto en las cotizaciones sociales apenas tiene impacto en las pymes y, sin embargo, su efecto en el sistema de pensiones es muy grande. A los ciudadanos ya les cuesta entender que se recorte en sanidad pero haya dinero para el sistema financiero, dijo Coscubiela, “como para que se les diga que hay que bajar cotizaciones y luego ajusten por la vía del gasto en pensiones”.
Fátima Báñez, que expresó su compromiso con el Pacto de Toledo y su deseo de consenso, adelantó que el fondo de reserva de la Seguridad Social aumentó hasta los 67.947 millones de euros a finales de abril. Y aseguró que en esta legislatura se culminará el proceso de separación de fuentes de financiación, de manera que las pensiones no contributivas se cubran con los presupuestos del Estado y no de la Seguridad Social.
Varios portavoces de los grupos parlamentarios resaltaron ante la ministra que los presupuestos de la Seguridad Social que ha presentado el Gobierno para este año no son creíbles porque no reconoce el déficit que se va a producir por la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social y que Coscubiela cifró en más de 6.000 millones de euros.
Conocer la pensión futura
Otro proyecto del ministerio es que los ciudadanos sean informados con regularidad de la pensión que van a poder cobrar cuando se jubilen. A esto, la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, cuestionó la intencionalidad de la medida y planteó que no es lo mismo informar a un trabajador de 54 años que hacer una proyección para otro de 35 años. Detrás de la polémica está si al final lo que va a conseguir es impulsar los planes privados de pensiones. El ministerio también pretende poner en marcha un sistema para que la Seguridad Social calcule previamente las cuotas que tiene que pagar una empresa por cada uno de sus trabajadores, lo que ayudaría a combatir el fraude en las cotizaciones.
Fuente: finanzas.com
Deja una respuesta