El gran debate social. Unespa plantea que los españoles tengan tres pensiones.

El seguro español está profundamente preocupado y así lo puso de manifiesto la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, en la asamblea de la patronal aseguradora celebrada recientemente. Intervención que giró en torno al número tres, por que son precisamente tres los principales motivos de preocupación del sector en estos momentos: las consecuencias de la prolongación de la crisis, los cambios normativos y las pensiones. El primero de ellos es la crisis, que empezó en 2008 y que precisamente ha cumplido su tercer año. El seguro español, según González de Frutos, ha cerrado un año muy complicado y ha vuelto a demostrar su solidez. El sector se congratulaba hace tan solo un año de no tener “tantas cicatrices” de la crisis como otros sectores, pero advertía que las consecuencias terminarían por ser significativa “si se prolongaba y seguía deteriorándose la renta de los hogares”.

Esos temores se han cumplido a lo largo del último año y, al final, la prolongación de la crisis ha rebajado sustancialmente la renta de los hogares, lo que ha tenido un desfavorable reflejo en las cifras del seguro; el ritmo del negocio se ha atemperado notablemente, aunque la “gestión prudente” ha permitido que los resultados y los ratios de suficiencia permanezcan en niveles adecuados. Y lo peor de todo es que los próximos 12 meses no apuntan a que se produzca una mejoría de la situación económica.

A pesar de ello, la presidenta de la patronal aseguradora considera que el sector “ha superado con creces su compromiso con la sociedad a la que sirve, su apuesta por aportar valor y creación de empleo y su capacidad de respuesta ante las necesidades de nuestros clientes”.

Si la preocupación del seguro por la crisis económica y sus consecuencias para el sector son importante, no lo son menos los cambios legislativos que inexcusablemente se van a producir a lo largo de los próximos meses, que, como diría Alfonso Guerra, al sector “no lo va a reconocer…”. Si las previsiones se cumplen el entorno asegurador va a cambiar radicalmente en el plazo de unos pocos meses.

Con Solvencia II va a cambiar la norma de referencia europea y, por tanto, hay que adaptar a ella la legislación española. Para González de Frutos, hay “un «tridente» (otra vez el tres) de normas básicas de la actividad aseguradora que se van a someter a modificación en los próximos 24 meses”: la Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro, la Ley de Contrato de Seguros y diversas modificaciones, como la adaptación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que terminarán por convertirse también en cambios en la contabilidad aseguradora.

Para la presidenta de Unespa, Solvencia II es “el origen, el motor y el contenido de gran parte del cambio que se está operando”. A modo de ejemplo, citó que en la actual documentación estadístico-contable (DEC) para el cálculo del margen de solvencia solo hay un modelo de datos y, con la futura norma deberán utilizarse al menos 30 distintos, lo que calificó como “un giro copernicano”, debido a la puesta en marcha de una supervisión basada en riesgos y en un sistema técnico mucho más complejo para el cálculo de las cargas de capital necesarias.

De momento, el seguro español está respondiendo adecuadamente a los test de impacto impuestos por Bruselas. Concretamente en el último, el QIS 5, la presidenta de la patronal mostró su satisfacción de que hubiera participado en él entidades que suponen el 95% del mercado en primas, pese a ello todavía hay más de un centenar de entidades socias de Unespa que no han participado en el estudio. Por eso ofreció el apoyo de la patronal y animó a las entidades a participar si hubiera un 5º bis o un 6º estudio cuantitativo de impacto, “porque es una manera de ir andando el camino de la adaptación a Solvencia II sin tener que someterse a las tensiones, y a los costes, de los que lo dejen para el final”.

Pero junto a todos esos cambios legislativos, también toca reformar otra norma importante para el seguro, como es el sistema para la valoración del daño corporal en accidente de circulación, más conocido como el “Baremo”. Es algo que debe ser objeto de cambios periódicos y ahora toca, dijo.

Y todo ello con una nueva arquitectura de supervisión europea, que creará un consejo de riesgo sistémico, así como tres nuevas autoridades financieras europeas para la banca, los seguros y los mercados de capitales. Algo que aunque no lo dijo De Frutos, sí que contrasta enormemente con los proyectos que hasta hace poco tiempo se barajaban en nuestro país en el tema de la supervisión de seguros. Nuestra Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) es legislador y supervisor a la vez y dependiente del Ministerio de Economía, por tanto, con un papel y una independencia muy distinta de la que tienen tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los otros dos supervisores nacionales.

En este sentido, el presidente de la CNMV, Julio Segura, se ha mostrado desde antes de su nombramiento partidario del sistema del modelo de dos supervisores o twin peaks, es decir, con un supervisor de solvencia y otro de conducta, con lo que desaparecería como tal la DGSFP. Por ahí parecían ir los tiros hasta que Bruselas ha impuesto tres supervisores para Europa. El twin peaks español ha quedado aparcado de momento.

Antes de entrar en materia de pensiones, la presidenta de Unespa criticó las finanzas públicas, de las que dijo que no han pasado el «stress test» de la crisis y que cuando eso le sucede a una compañía de seguros se le exige cambios en sus modos de gestión y en su política de solvencia. Por eso considera que hay que exigir lo mismo “al conjunto de actores públicos que recaudan y gastan el dinero de los contribuyentes”. También considera que es necesario “un nuevo marco de gasto público, más eficiente, centrado en aquellas labores que son privativas del actor público, y consecuentemente con mayores dosis de coordinación con el sector privado”.

Y entrando en materia de pensiones, De Frutos considera que, antes de nada, no hay que confundir el concepto de reforma con el concepto de ajuste. La edad de jubilación y los métodos de cálculo de la pensión que están ahora en boca de todos, son meros ajustes, que están bien pero que no resuelven definitivamente el problema de las pensiones. La reforma es algo mucho más profundo. Por eso considera que ha llegado el momento de “coger el toro de las pensiones por los cuernos”, de que se coordinen las soluciones de reparto y de capitalización para la jubilación, por lo que propone un “gran debate social suficientemente informado sobre la materia”.

Para la presidenta de la patronal aseguradora, los sistemas de pensiones son “el gran riesgo sistémico de las finanzas públicas” y, como tales hay que vigilarlos, porque si da tanto miedo el contagio que puede suponer que un gran banco europeo tenga problemas, las consecuencias que tendría que un gran sistema de pensiones los tuviese serían todavía mucho peores.

Por tanto, el seguro no entiende que estemos discutiendo sobre una pensión, “cuando deberíamos discutir sobre tres”. De Frutos señaló que ellos creen y quieren que los españoles se jubilen con tres pensiones, por lo que no se debe renunciar a impulsar una segunda pensión vinculada al empleo, ni a una tercera generada con el ahorro individual. “Una pensión no, tres, –dijo– queremos que nuestros hijos se jubilen con tres pensiones en vez de con una: una pensión pública con un sistema reformado y sostenible, una complementaria generada en el marco del empleo a lo largo de la vida laboral, como tienen ya algunos trabajadores, y una tercera de ahorro individual”.

Esta propuesta de las tres pensiones, –que por otra parte no es ninguna novedad ya que desde el principio de las pensiones se ha hablado de tres pilares, uno público, otro laboral y otro privado– podría ser una buena solución pero considerada a medio y largo plazo, cuando se capitalice el ahorro que se empieza a generar ahora. De momento los sindicatos no ven con buenos ojos el tercer pilar, ya que consideran que supone una privatización de las pensiones y una paulatina precarización del sistema público.

Y así nos va…

Fuente: capitalmadrid.info